El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha solicitado este miércoles ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo medidas cautelares para que la Conselleria de Sanidad vacune a todos los médicos de la provincia del sector privado y otros ámbitos, de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la pública.
«Esta decisión se toma tras comprobar la inacción de la Administración y al considerar, desde la asesoría técnica jurídica del Colegio, que existe una actuación discriminatoria, puesto que también hay grupos de primera línea atendiendo directamente a pacientes infectados o con riesgo de infección y que no han sido todavía vacunados», ha denunciado el COMA en un comunicado.
Además, han recordado que son numerosas las consultas y quejas recibidas por parte de médicos afectados exigiendo la vacunación y un mismo tratamiento que sus compañeros y, que pese a trasladar a la Administración, no han podido obtener respuestas en forma de una clara información de estrategia y cronograma de la vacunación a dicho personal
La Estrategia de Vacunación Covid-19 en España-Líneas Maestras, actualizado el 23 de noviembre de 2020, del Ministerio de Sanidad incluye, en la primera etapa, en cuanto a orden de prioridad, la vacunación en residencias socio-sanitarias, a personal sanitario de primera línea, resto de personal sanitario, y grandes dependientes no institucionalizados, han puntualizado.
Comparación con otras autonomías
Este documento-guía, de aplicación en la Comunidad Valenciana, no distingue según se preste asistencia en el ámbito público o en el privado, solo hace una gradación respecto al riesgo de exposición al SARS-CoV2, y otras autonomías como Andalucía, Baleares, Extremadura, Galicia, etc. están realizando las vacunaciones respetando el protocolo fijado por el Ministerio.
Es más, en la Comunidad Valenciana, en el caso de las residencias no se ha hecho ninguna distinción por su carácter público, privado o en modelo de concesión, tal como han argumentado desde el Colegio de Médicos.
Por ello, apelan a los responsables autonómicos a no ignorar esta «discriminación» y han razonado que «los médicos en ejercicio privado están haciendo frente a la expansión de la pandemia y atendiendo a pacientes que acuden a sus centros o que son derivados del sistema público al no poder absorber tanta demanda asistencial, y ponen en grave riesgo su salud».
