Cuando se cumple una década de los graves acontecimientos en la ciudad de Fukushima, la conmoción ha surgido. Este lunes, el Gobierno Japonés anunció su decisión de liberar al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada del desastre nuclear.
Esta medida no fue bien recibida por los países de la región de Asia-Pacífico, en especial China, la que califica esta acción de “extremadamente irresponsable”, mientras que Corea del Sur citó al embajador nipón para presentar una protesta.
Japón ha argumentado que la liberación del agua es necesaria para seguir adelante con la compleja desactivación de la planta, luego de que fuera destruida en 2011. “Descargar (…) el agua tratada es una tarea inevitable para desactivar la planta nuclear de Fukushima Dai-ichi y reconstruir el área”, dijo el primer ministro Yoshihide Suga respecto a un proceso que tomará décadas en completarse.
El debate sobre qué hacer con el agua de la central se ha prolongado siete años y urgía encontrar una solución, ya que a mediados de 2022, los tanques de la instalación nuclear habrán alcanzado su máxima capacidad. Hasta el pasado septiembre, el agua almacenada ascendía a 1.23 millones de toneladas y llenaba 1.044 depósitos. Las otras opciones que se barajaban eran la evaporación o su acopio sostenible. Pero finalmente han considerado que lo mejor será liberarla al mar.
Tepco planea filtrar el agua contaminada para eliminar isótopos, dejando solo tritio, una sustancia radiactiva de hidrógeno difícil de separar del agua. Luego, la empresa diluirá el agua hasta que los niveles de tritio caigan por debajo de los límites reglamentarios, antes de bombearla al océano.
Los pescadores, agricultores y residentes de Fukushima fueron este lunes, los primeros en alzar sus voces contra la decisión del Gobierno nipón. “Nos dijeron que no se vertería el agua sin nuestra adhesión y ahora anuncian que lo harán. Es incomprensible”, decía a la cadena pública NHK Kanji Tachiya, director de una cooperativa pesquera local.
Por otro lado, las organizaciones ecologistas como Greenpeace o países vecinos como China o Corea del Sur califican esta decisión como “extremadamente irresponsable”, la cual “dañará mucho la salud y la seguridad pública en el mundo, así como los intereses vitales de la región”, señaló Pekín en una nota en la que insistió que “el océano es propiedad común de la humanidad”.
El director general de la AIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), Rafael Grossi, por el contrario, aplaudió el anuncio del Gobierno japonés y le trasladó su apoyo «para llevar a cabo un plan seguro». Estados Unidos, en una línea similar, defendió que Tokio ha sido «transparente» y ha actuado acorde a los «estándares de seguridad internacionales».
